Contrario a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno que él encabeza no ha dejado de utilizar el spyware Pegasus de manera ilegal: los celulares de por lo menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos fueron infectados con el poderoso sistema intrusivo entre 2019 y 2021.

El Citizen Lab, el laboratorio de expertos de referencia sobre Pegasus, con sede en la universidad de Toronto, confirmó que los celulares del periodista Ricardo Raphael, de un colega de Animal Político –quien prefirió guardar el anonimato-- y del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez fueron atacados con Pegasus durante la presente administración.

Aunque nunca tuvo facultades legales para intervenir telecomunicaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un amplio historial con el spyware Pegasus: aparte que fue su primer cliente en el mundo, ha sido uno de sus usuarios más compulsivos.

Tan solo entre mitades de 2016 y 2017, la institución castrense ingresó más de 6 mil números en su plataforma del sistema de espionaje.

El reportero de Taxco, Jorge Luis Chew Cervantes, fue localizado con vida esta madrugada, luego de que había sido reportado desaparecido desde la noche del viernes después de acudir a cubrir un reporte de un presunto enfrentamiento a balazos en el barrio del Campamento.

Abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, son algunos de los delitos y violaciones a derechos humanos que ha registrado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en estos años, pero que había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlas, de acuerdo con la filtración masiva de correos del Ejército mexicano a la que tuvo acceso el diario El País.

El texto firmado por las periodistas Georgina Zerega y Elena Reina detalla que el medio español ha revisado mil archivos, los cuales muestran casos que no habían salido a la luz hasta ahora, y que retratan el día a día de los cuarteles, hospitales militares, y el comportamiento de algunos miembros del Ejército enviados a zonas rurales.

El grupo de hackers autodenominado “Guacamaya” que extrajo seis terabites de información confidencial de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apela al feminismo, el anarquismo y la historia precolombina para luchar contra la militarización, la represión y las élites patriarcales que imponen el servicio militar a los jóvenes de la región.

Este sábado fue reportada la desaparición del periodista Jorge Luis Chew, en el municipio de Taxco, Guerrero.

De acuerdo con Artículo 19, el reportero es de los pocos que cubren nota roja en la zona, además de abordar temas de corrupción y política.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de México, no se muestra sorprendido ni derrotado por el fallo en contra de la Corte Federal en Boston, Massachusetts, sobre la demanda civil que interpuso la dependencia a su cargo en contra de 8 empresas estadunidenses fabricantes de armas.

El Ejército en los zapatistas. El Ejército en el Tren Maya. El Ejército en la salud del Presidente. El Ejército en las toallas personas del General Secretario. La mayor filtración de información sobre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en México revela el enorme poder que tienen los militares sobre la vida civil en el país. Construyen, resguardan, pero también espían. Y mucho.

Tan solo tres días después del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en medio de la polémica que ha generado la renuncia del fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió sobre el hallazgo de mensajes entre militares e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, sobre información no entregada por el Ejército y sobre acusaciones deficientemente armadas por la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras irregularidades en la investigación de este crimen.

En un informe publicado este jueves —tras una conferencia de prensa—, el GIEI señala que nueva información del caso, procedente de la interceptación de comunicaciones por autoridades de Estados Unidos, menciona al menos 12 mensajes en los que se observa relación entre Guerreros Unidos e integrantes del Ejército, así como referencias a la Marina, personal del Semefo, el C4, policías estatales y locales y presidentes municipales.

Tres periodistas del medio BCS Noticias fueron vinculados a proceso por una jueza tras ser acusados de violencia política de género.

En un hecho sin precedente, la jueza Guadalupe Juárez Martínez vinculó a proceso a los periodistas Erick Murillo, Perla Cota y Diego Soto por el presunto delito de violencia política en razón de género en contra de una funcionaria pública.

El juez federal Dennis Saylor, de la Corte en Boston Massachusetts, desechó la demanda civil interpuesta por el gobierno de México en contra de ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas, al considerar que la querella está prohibida por leyes federales.

“Desafortunadamente para el gobierno de México, todas sus denuncias o están prohibidas por las leyes federales (estadunidenses) o no tienen sustento por otras razones”, escribió el juez Saylor en su fallo, descrito en unas 40 páginas.

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, Delia González Cobos, entregó al Congreso local los resultados de la cuenta pública 2021, en la que se detectó un daño patrimonial de 3 mil 299 millones de pesos.

Durante este proceso fueron practicadas mil 12 auditorías y se emitieron más de 3 mil observaciones, de las cuales 133 fueron para entes estatales y el resto a municipios.

La reportera Kara Castillo fue despedida del portal de noticias El Ciudadano a sólo cuatro días que publicara la nota sobre las dos escuelas que instaló desde 2019 el Conafe en el interior del rancho San Miguel Tepequexpa, propiedad del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, la periodista, con más de 15 años de trayectoria y especializada en temas de transparencia, dijo que tuvo que publicar esa investigación en el portal e-consulta ya que, por su línea editorial, era uno de los contados medios de comunicación de Puebla que lo divulgaría.

Desde el jueves 29 de septiembre, un grupo armado de aproximadamente 60 personas tiene sitiada la comunidad Atzamiló, ubicada el ejido Santa Martha, en Chenalhó, dejando el saldo de al menos cuatro pobladores muertos y varias heridos, denunciaron pobladores del lugar.

Los hechos se dieron porque a inicio de este año, en Santa Martha la población decidió firmar un acuerdo de paz y desarme, lo que les llevó a expulsar del lugar a quienes integran un grupo armado que mantiene bajo asedio a la población del municipio vecino de Aldama.

A un año de que se implementó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en cinco municipios de Chihuahua, entre ellos Juárez, 257 mujeres han sido asesinadas en el estado.

La violencia contra la mujeres prevalece incluso en los municipios de Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, donde especificamente el mecanismo de la alerta se activó en agosto del 2021 para evitar muertes violentas, así como la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

Tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas (UTZAC) fueron asesinados durante un ataque armado la noches del jueves en la ciudad de Guadalupe.

Los jóvenes Francisco Javier García, Juan Genaro Ramírez y José Carlos Ramírez, quienes tenían entre 18 y 21 años, eran originarios de la comunidad Saucito, Pánfilo Natera, municipio limítrofe con San Luis Potosí, según informó el ayuntamiento de esta demarcación al manifestar condolencias a sus familiares.

Al menos 14 escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 18 planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) declararon paros académicos y laborales en conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.

A 54 años de la Masacre de Tlatelolco, los alumnos de ambas instituciones educativas recordarán, con una lista de demandas estudiantiles que expusieron en pliegos petitorios, el mitin que realizaron, hace más de medio siglo, los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas.

Al presentar el cuarto informe del caso Ayotzinapa, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) criticaron la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR). Ello, al considerar que existen intromisiones hacia la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), que han dificultado su labor para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Además, se señaló falta de apoyo técnico, como por ejemplo la omisión de servicios periciales para reconocer y analizar las voces en videos donde aparecen “personas públicas conocidas” participando en actos de tortura. En distintas oportunidades fue solicitado el apoyo sin que fuera brindado, por lo que se obligó a la UEILCA a buscar asesorías en el extranjero, mismas que lograron hacer la identificación de las voces en los videos, explicó Francisco Javier Cox Vial, integrante del GIEI.

Tras el ciberataque que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo de hacktivistas denominado Guacamaya, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, llamó a legislar “urgentemente” y aplicar normas estrictas en materia de ciberseguridad.

El senador dijo que en el país hay un problema serio con la seguridad en los archivos y en la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fue hackeada, como reconoció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

José Martínez Crespo, capitán retirado y actualmente preso en el Campo Militar 1-A, presuntamente solicitó su libertad bajo caución dos semanas antes de que se cumplimentara la segunda orden de aprehensión en su contra por el caso Ayotzinapa.

Documentos de seguridad nacional, correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, detalles sobre la verdadera condición de salud del presidente, informes de inteligencia sobre líderes criminales, transcripciones de intervenciones telefónicas, fotografías, directorios de contactos, seguimiento a personajes de alto nivel como el embajador de EU, disputas entre los secretarios de Sedena y Marina y datos sobre la fuerza militar de México son algunos de los datos que fueron sustraídos del Ejército por un grupo de ‘hacktivistas’ identificados como ‘Guacamaya‘, por lo que hay que preguntarse qué se podría hacer con esa información, señaló para Aristegui en Vivo el experto en ciberseguridad Manuel Rivera.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue hackeada por el grupo ‘Guacamaya’.

La vulneración de la ciberseguridad  de la Sedena y la extracción de seis terabytes de información, obtenidos por el grupo de hacktivistas fue informada la noche del jueves. Horas más tarde, en la conferencia desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó.

Como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió justicia a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Con su primer decreto oficial como presidente creó la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, con la intención de “dar todas las facilidades del gobierno para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales”.

Cuatro años después, ya con él como presidente, colectivos y organizaciones advierten que, si bien se hizo una labor importante al reconocer la desaparición como una problemática real a nivel nacional, la promesa de justicia no ha sido cumplida, ni para los 43 ni para las familias de las más de 100 mil personas desaparecidas a lo largo del país.

Un día después de que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) criticaran la labor de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la investigación del caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a ambas instituciones y aseguró que estas colaboran para esclarecer los hechos.

Un juez federal vinculó a proceso por explotación ilícita del subsuelo, a Cristian Solís, identificado como dueño de la mina de carbón mineral “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila, que se derrumbó el pasado 3 de agosto dejando atrapados a 10 mineros.