La defensa particular del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo remitió un escrito vía electrónica al Juez de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco que conoce de su demanda de garantías por tortura psicológica para reclamar el incumplimiento a la suspensión de plano que fue concedida al capo y ofreció algunas documentales como prueba.

Entre esas pruebas resaltan aspectos de interés como el señalamiento de la Fiscalía General de la Republica (FGR) que la empresa que proporcionó el brazalete electrónico para el monitoreo del ex líder del Cártel de Guadalajara “no cuenta con permiso”, lo que echaría por tierra la versión de que el dispositivo no funciona.

Cuando un hombre, a bordo de una camioneta tipo pick up, se encontraba en los carriles centrales que conducen a la garita de San Ysidro, fue asesinado a tiros la mañana de este lunes 3 de octubre.

De acuerdo a información obtenida por ZETA refiere que alrededor de las 05:32 horas se reportó a la central de emergencias detonaciones por arma de fuego sobre la Vía Rápida a la altura de la calle Romero en la Zona Río.

El Ejército no detuvo sus labores irregulares de espionaje en el actual Gobierno. Un cúmulo de comunicaciones electrónicas que fueron extraídas por un grupo de hackers llamado “Guacamaya” ha revelado cómo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha continuado con esta práctica, aún cuando va en contra de lo que ha ordenado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha llevado a activistas y organizaciones de derechos humanos a advertir de un posible acto de desobediencia dentro de esta institución.

La Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, señaló al Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los creadores del fentanilo arcoíris, una nueva presentación de fentanilo común, con el propósito de atraer a consumidores más jóvenes hacia esta droga.

Un Juez sentenció a 30 años de prisión a un hombre identificado como Erath “N” por el delito de violación en agravio de una víctima de identidad reservada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo a través de un comunicado.

La tarde de este domingo se registró una balacera en la zona comercial de Zapopan, Jalisco, que dejó una persona muerta y seis heridos. 

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que cerca de las 5:30 de la tarde un grupo armado intentó ingresar a la Plaza Andares buscando a un objetivo que presuntamente estaba en el lugar, al llegar agredieron a balazos a un coche escolta generando la reacción de un grupo del Ejército que estaba patrullando la zona.

La Secretaria de Educación Pública (SEP) aseguró que presentará un recurso que queja contra la decisión del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que concedió una suspensión provisional para frenar la entrada en vigor del programa piloto en 960 escuelas públicas por considerarlo inconstitucional y que analizará la constitucionalidad del nuevo modelo educativo.

Sin embargo, advirtió que mientras continúa el proceso legal, “seguirá la implementación del Programa Piloto del nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 escuelas del país”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa realizando labores irregulares de espionaje en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como lo demuestran los casos de dos periodistas y un defensor de derechos humanos, cuyos teléfonos celulares fueron intervenidos en la actual administración con el programa Pegasus para monitorear llamadas y mensajes, acusaron este lunes en conferencia de prensa las organizaciones Artículo 19, el Centro Prodh Agustín Juárez y la R3D.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) monitorea actividades de dirigentes de organizaciones sociales, así como de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y de su abogado Vidulfo Rosales Sierra, y los informantes las reportan a sus mandos. Los propósitos de estos reportes no son del dominio público.

El espionaje actual, que no es abiertamente reconocido por la institución, se pone en evidencia con documentos filtrados por el grupo de hackers “Guacamaya”, que son parte de los miles de archivos que sacó del sistema de la Sedena.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escondió un contrato para un "servicio de monitoreo remoto de información" que celebró en abril de 2019 con una empresa que tenía la representación exclusiva para vender la tecnología de NSO Group, la empresa israelí que desarrolla el spyware Pegasus.

En 2017, a un año de estallar el escándalo Gobierno Espía, que exhibió los ataques del gobierno de Peña Nieto contra los celulares de cientos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos con Pegasus, NSO Group canceló los contratos que tenía en México con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Contrario a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno que él encabeza no ha dejado de utilizar el spyware Pegasus de manera ilegal: los celulares de por lo menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos fueron infectados con el poderoso sistema intrusivo entre 2019 y 2021.

El Citizen Lab, el laboratorio de expertos de referencia sobre Pegasus, con sede en la universidad de Toronto, confirmó que los celulares del periodista Ricardo Raphael, de un colega de Animal Político –quien prefirió guardar el anonimato-- y del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez fueron atacados con Pegasus durante la presente administración.

Aunque nunca tuvo facultades legales para intervenir telecomunicaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un amplio historial con el spyware Pegasus: aparte que fue su primer cliente en el mundo, ha sido uno de sus usuarios más compulsivos.

Tan solo entre mitades de 2016 y 2017, la institución castrense ingresó más de 6 mil números en su plataforma del sistema de espionaje.

El reportero de Taxco, Jorge Luis Chew Cervantes, fue localizado con vida esta madrugada, luego de que había sido reportado desaparecido desde la noche del viernes después de acudir a cubrir un reporte de un presunto enfrentamiento a balazos en el barrio del Campamento.

Abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, son algunos de los delitos y violaciones a derechos humanos que ha registrado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en estos años, pero que había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlas, de acuerdo con la filtración masiva de correos del Ejército mexicano a la que tuvo acceso el diario El País.

El texto firmado por las periodistas Georgina Zerega y Elena Reina detalla que el medio español ha revisado mil archivos, los cuales muestran casos que no habían salido a la luz hasta ahora, y que retratan el día a día de los cuarteles, hospitales militares, y el comportamiento de algunos miembros del Ejército enviados a zonas rurales.

El grupo de hackers autodenominado “Guacamaya” que extrajo seis terabites de información confidencial de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apela al feminismo, el anarquismo y la historia precolombina para luchar contra la militarización, la represión y las élites patriarcales que imponen el servicio militar a los jóvenes de la región.

Este sábado fue reportada la desaparición del periodista Jorge Luis Chew, en el municipio de Taxco, Guerrero.

De acuerdo con Artículo 19, el reportero es de los pocos que cubren nota roja en la zona, además de abordar temas de corrupción y política.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de México, no se muestra sorprendido ni derrotado por el fallo en contra de la Corte Federal en Boston, Massachusetts, sobre la demanda civil que interpuso la dependencia a su cargo en contra de 8 empresas estadunidenses fabricantes de armas.

El Ejército en los zapatistas. El Ejército en el Tren Maya. El Ejército en la salud del Presidente. El Ejército en las toallas personas del General Secretario. La mayor filtración de información sobre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en México revela el enorme poder que tienen los militares sobre la vida civil en el país. Construyen, resguardan, pero también espían. Y mucho.

Tan solo tres días después del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en medio de la polémica que ha generado la renuncia del fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió sobre el hallazgo de mensajes entre militares e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, sobre información no entregada por el Ejército y sobre acusaciones deficientemente armadas por la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras irregularidades en la investigación de este crimen.

En un informe publicado este jueves —tras una conferencia de prensa—, el GIEI señala que nueva información del caso, procedente de la interceptación de comunicaciones por autoridades de Estados Unidos, menciona al menos 12 mensajes en los que se observa relación entre Guerreros Unidos e integrantes del Ejército, así como referencias a la Marina, personal del Semefo, el C4, policías estatales y locales y presidentes municipales.

Tres periodistas del medio BCS Noticias fueron vinculados a proceso por una jueza tras ser acusados de violencia política de género.

En un hecho sin precedente, la jueza Guadalupe Juárez Martínez vinculó a proceso a los periodistas Erick Murillo, Perla Cota y Diego Soto por el presunto delito de violencia política en razón de género en contra de una funcionaria pública.

El juez federal Dennis Saylor, de la Corte en Boston Massachusetts, desechó la demanda civil interpuesta por el gobierno de México en contra de ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas, al considerar que la querella está prohibida por leyes federales.

“Desafortunadamente para el gobierno de México, todas sus denuncias o están prohibidas por las leyes federales (estadunidenses) o no tienen sustento por otras razones”, escribió el juez Saylor en su fallo, descrito en unas 40 páginas.

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, Delia González Cobos, entregó al Congreso local los resultados de la cuenta pública 2021, en la que se detectó un daño patrimonial de 3 mil 299 millones de pesos.

Durante este proceso fueron practicadas mil 12 auditorías y se emitieron más de 3 mil observaciones, de las cuales 133 fueron para entes estatales y el resto a municipios.

La reportera Kara Castillo fue despedida del portal de noticias El Ciudadano a sólo cuatro días que publicara la nota sobre las dos escuelas que instaló desde 2019 el Conafe en el interior del rancho San Miguel Tepequexpa, propiedad del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, la periodista, con más de 15 años de trayectoria y especializada en temas de transparencia, dijo que tuvo que publicar esa investigación en el portal e-consulta ya que, por su línea editorial, era uno de los contados medios de comunicación de Puebla que lo divulgaría.

Desde el jueves 29 de septiembre, un grupo armado de aproximadamente 60 personas tiene sitiada la comunidad Atzamiló, ubicada el ejido Santa Martha, en Chenalhó, dejando el saldo de al menos cuatro pobladores muertos y varias heridos, denunciaron pobladores del lugar.

Los hechos se dieron porque a inicio de este año, en Santa Martha la población decidió firmar un acuerdo de paz y desarme, lo que les llevó a expulsar del lugar a quienes integran un grupo armado que mantiene bajo asedio a la población del municipio vecino de Aldama.

A un año de que se implementó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en cinco municipios de Chihuahua, entre ellos Juárez, 257 mujeres han sido asesinadas en el estado.

La violencia contra la mujeres prevalece incluso en los municipios de Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, donde especificamente el mecanismo de la alerta se activó en agosto del 2021 para evitar muertes violentas, así como la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres.