El Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo noveno circuito, con sede en Hidalgo, determinó no amparar a Adriana Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, jefe político de la Universidad Autónoma de ese estado (UAEH), quien se quejaba por congelamiento ilegal de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la familia Sosa.
Con base en el rastreo de movimientos financieros que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) que forman parte de la causa penal 263/2020 -con Gerardo Sosa como presunto autor principal de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, y en el que sus hijas Adriana y Ana Carmen son coacusadas-, las hermanas Sosa Cravioto recibieron transferencias de una empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, que, junto con cuatro despachos contables, se encargaban de dispersar recursos del erario universitario.