En los reportes generales de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los movimientos de mujeres tienen su propio apartado. De acuerdo con documentos hechos públicos por el grupo de hackers llamado “Guacamaya”, elementos del Ejército realizan un seguimiento cercano a las manifestantes, de quienes tienen fotografías y videos.

El Gobierno de México planteó llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la demanda que interpuso en contra de empresas de armas en Estados Unidos —a quienes señala por ser negligentes en la fabricación, distribución y venta de armas— luego de que el viernes pasado un juez federal de aquel país determinó desestimar dicho recurso.

Dos exfuncionario más fueron vinculados a proceso por el colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juez de control determinó abrir un proceso contra el exdirector responsable de obra para la construcción de la Línea 12, Guillermo Leonardo Alcázar, y contra el exsubdirector de obras civil, Héctor Rosas Troncoso, por su presunta participación en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad.

Fuera del documento, una semana después acusó al excomandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, de ordenar el asesinato y desaparición de seis normalistas. Encinas exime a cualquier otro mando.

Mediante una serie de cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Crescencio Sandoval ha tratado de influir en el desarrollo de las investigaciones oficiales sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en una descalificó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que buscaba investigar a soldados del 27º Batallón de Infantería, y en otra defendió al capitán José Martínez Crespo, detenido por su presunta vinculación con el grupo Guerreros Unidos.

Entre los millones de documentos de la Sedena que fueron extraídos por el colectivo de hacktivistas Guacamaya y que Proceso pudo consultar, destaca una carta fechada el 18 de enero de 2021, en la cual Sandoval planteó a López Obrador que el capitán “negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes”, y le dijo que “el proceso que se le sigue está basado únicamente en dos referencias”.

El Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo noveno circuito, con sede en Hidalgo, determinó no amparar a Adriana Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, jefe político de la Universidad Autónoma de ese estado (UAEH), quien se quejaba por congelamiento ilegal de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la familia Sosa.

Con base en el rastreo de movimientos financieros que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) que forman parte de la causa penal 263/2020 -con Gerardo Sosa como presunto autor principal de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, y en el que sus hijas Adriana y Ana Carmen son coacusadas-, las hermanas Sosa Cravioto recibieron transferencias de una empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, que, junto con cuatro despachos contables, se encargaban de dispersar recursos del erario universitario.

A solo unos metros de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con el semblante serio y vestimenta militar, una mujer de aproximadamente 65 años de edad miraba cómo cientos de estudiantes se organizaban para iniciar la marcha por los 54 años de la matanza del 2 de octubre de 1968.

Se mantuvo inmóvil hasta que el Comité 68 comenzó a avanzar y a gritar consignas. Fue justo en ese momento cuando ella decidió también actuar. Lentamente, levantó su puño derecho envuelto en un guante blanco y lo comenzó a abrir poco a poco, solo para dejar notar que su interior estaba manchado de rojo.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado aprobaron este lunes un nuevo dictamen de la reforma que plantea extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El documento quedó aprobado en una votación dividida —de 19 a favor por 10 en contra y una abstención— y se prevé que este martes pase al pleno a discusión y votación.

La sargento Adarely F.J. denunció a un mando superior de haberla agredido sexualmente y en lugar de justicia encontró revictimización del Ejército. Los testigos le dieron la espalda. El presunto agresor cayó en contradicciones. El abuso sexual fue encubierto. 

El pasado 19 de septiembre, la jueza militar de control de la Séptima Región determinó la no vinculación a proceso por el delito de abuso sexual del teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Dorian P.T., superior jerárquico de la sargento, por no encontrar datos de prueba que acreditaran la presencia del militar en el cuartel el día y lugar de los hechos, el 23 de abril de 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para reforzar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el que se busca que la canasta de 24 productos se quede en un costo de mil 39 pesos hasta el 28 de febrero de 2023.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, consideró que durante la primera quincena de septiembre de 2022 la inflación se ubicó en 8.8%, aunque en gasolinas se ha logrado neutralizar los costos.

A dos años de la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), hoy Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, «no ha habido respuesta del gobierno local y federal a nuestras demandas», denunció la comunidad otomí residente en la Ciudad de México.

En la invitación a celebrar el segundo aniversario de la toma, el próximo 12 de octubre, los otomís señalaron que a pesar de que el gobierno de Claudia Cheinbaum se comprometió a expropiar el predio Roma 18 – Londres 7 en la colonia Juárez, sólo ha habido «puras simulaciones», y que si bien se expropió el edificio Zacatecas 74, «en dos años no hay el mínimo avance en la construcción de una vivienda digna y decorosa, mucho menos lo habrá con relación al trabajo, salud, alimentación, educación, democracia, libertad y justicia».

Organizaciones de la sociedad y víctimas del programa Pegasus durante la administración de Andrés Manuel López Obrador presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de intervención ilegal de sus comunicaciones.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, afirmó que hay desconfianza a la FGR porque no ha esclarecido el espionaje denunciado contra periodistas y activistas desde 2017.

La defensa particular del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo remitió un escrito vía electrónica al Juez de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco que conoce de su demanda de garantías por tortura psicológica para reclamar el incumplimiento a la suspensión de plano que fue concedida al capo y ofreció algunas documentales como prueba.

Entre esas pruebas resaltan aspectos de interés como el señalamiento de la Fiscalía General de la Republica (FGR) que la empresa que proporcionó el brazalete electrónico para el monitoreo del ex líder del Cártel de Guadalajara “no cuenta con permiso”, lo que echaría por tierra la versión de que el dispositivo no funciona.

Cuando un hombre, a bordo de una camioneta tipo pick up, se encontraba en los carriles centrales que conducen a la garita de San Ysidro, fue asesinado a tiros la mañana de este lunes 3 de octubre.

De acuerdo a información obtenida por ZETA refiere que alrededor de las 05:32 horas se reportó a la central de emergencias detonaciones por arma de fuego sobre la Vía Rápida a la altura de la calle Romero en la Zona Río.

El Ejército no detuvo sus labores irregulares de espionaje en el actual Gobierno. Un cúmulo de comunicaciones electrónicas que fueron extraídas por un grupo de hackers llamado “Guacamaya” ha revelado cómo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha continuado con esta práctica, aún cuando va en contra de lo que ha ordenado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha llevado a activistas y organizaciones de derechos humanos a advertir de un posible acto de desobediencia dentro de esta institución.

La Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, señaló al Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los creadores del fentanilo arcoíris, una nueva presentación de fentanilo común, con el propósito de atraer a consumidores más jóvenes hacia esta droga.

Un Juez sentenció a 30 años de prisión a un hombre identificado como Erath “N” por el delito de violación en agravio de una víctima de identidad reservada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo a través de un comunicado.

La tarde de este domingo se registró una balacera en la zona comercial de Zapopan, Jalisco, que dejó una persona muerta y seis heridos. 

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que cerca de las 5:30 de la tarde un grupo armado intentó ingresar a la Plaza Andares buscando a un objetivo que presuntamente estaba en el lugar, al llegar agredieron a balazos a un coche escolta generando la reacción de un grupo del Ejército que estaba patrullando la zona.

La Secretaria de Educación Pública (SEP) aseguró que presentará un recurso que queja contra la decisión del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que concedió una suspensión provisional para frenar la entrada en vigor del programa piloto en 960 escuelas públicas por considerarlo inconstitucional y que analizará la constitucionalidad del nuevo modelo educativo.

Sin embargo, advirtió que mientras continúa el proceso legal, “seguirá la implementación del Programa Piloto del nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 escuelas del país”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa realizando labores irregulares de espionaje en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como lo demuestran los casos de dos periodistas y un defensor de derechos humanos, cuyos teléfonos celulares fueron intervenidos en la actual administración con el programa Pegasus para monitorear llamadas y mensajes, acusaron este lunes en conferencia de prensa las organizaciones Artículo 19, el Centro Prodh Agustín Juárez y la R3D.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) monitorea actividades de dirigentes de organizaciones sociales, así como de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y de su abogado Vidulfo Rosales Sierra, y los informantes las reportan a sus mandos. Los propósitos de estos reportes no son del dominio público.

El espionaje actual, que no es abiertamente reconocido por la institución, se pone en evidencia con documentos filtrados por el grupo de hackers “Guacamaya”, que son parte de los miles de archivos que sacó del sistema de la Sedena.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escondió un contrato para un "servicio de monitoreo remoto de información" que celebró en abril de 2019 con una empresa que tenía la representación exclusiva para vender la tecnología de NSO Group, la empresa israelí que desarrolla el spyware Pegasus.

En 2017, a un año de estallar el escándalo Gobierno Espía, que exhibió los ataques del gobierno de Peña Nieto contra los celulares de cientos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos con Pegasus, NSO Group canceló los contratos que tenía en México con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Contrario a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno que él encabeza no ha dejado de utilizar el spyware Pegasus de manera ilegal: los celulares de por lo menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos fueron infectados con el poderoso sistema intrusivo entre 2019 y 2021.

El Citizen Lab, el laboratorio de expertos de referencia sobre Pegasus, con sede en la universidad de Toronto, confirmó que los celulares del periodista Ricardo Raphael, de un colega de Animal Político –quien prefirió guardar el anonimato-- y del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez fueron atacados con Pegasus durante la presente administración.

Aunque nunca tuvo facultades legales para intervenir telecomunicaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un amplio historial con el spyware Pegasus: aparte que fue su primer cliente en el mundo, ha sido uno de sus usuarios más compulsivos.

Tan solo entre mitades de 2016 y 2017, la institución castrense ingresó más de 6 mil números en su plataforma del sistema de espionaje.