El 9 de septiembre de 2019 el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general brigadier de Justicia Militar, Miguel Carrasco Hernández, escribió –molesto– un correo electrónico a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.
El militar advertía que la Sedena rechazaba un proyecto de reforma al artículo 94 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, elaborada por la Secretaría de Gobernación (Segob), que abría la puerta a que las comisiones de búsqueda realicen inspecciones físicas en cuarteles e instalaciones militares.