La mañana del domingo 16 de octubre, una mujer fue herida de bala cuando se encontraba afuera de un  domicilio localizado en las inmediaciones de la colonia Ampliación Guaycura, en Tijuana. La víctima falleció horas después en un hospital de la ciudad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que uno de los casos por el que podría quedar inconclusa la obra original del Tren Maya es porque por un terreno de 200 metros piden 25 millones de pesos y si no se paga, no pasa, “abusando”.

El presidente reconoció que su obra podría incumplirse por casos como éste en el tramo de Xpujil a Chetumal, pero aseguró que en general no hay oposición al Tren Maya.

Erick Francisco “N” fue sentenciado a la pena máxima de 70 años de prisión por el feminicidio de Ingrid Escamilla. Así lo determinó el juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Poder Judicial de la Ciudad de México, durante la audiencia de individualización de la condena realizada la tarde de este lunes. 

El asesor jurídico de la familia de la joven, Javier Gallardo, informó a periodistas que nunca antes un Poder Judicial había dictado una condena máxima por un crimen así. 

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su país continúa con el proceso de consulta para determinar si se llega a un panel por las diferencias con México en materia energética, en el marco del T-MEC.

Su declaración contradice a lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días afirmó que EU se desistió de solicitar un panel tras la queja que presentó, en julio, en materia de política energética con México.

Movimiento Ciudadano (MC) envió una petición a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados con la finalidad de que cite a comparecer al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, para que responda los cuestionamientos acerca del hackeo que sufrió la dependencia.

El coordinador de los diputados de MC, Jorge Rodríguez Máynez, compartió, a través de su cuenta de Twitter, la carta que le hicieron llegar a la Jucopo, en la cual solicitan la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional para que dé cuenta de la información de seis terabytes filtrada por un grupo denominado “Guacamaya”.

Un alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), campus Torreón, amenazó con un tiroteo a sus compañeros, con quienes a través de redes sociales había tenido discusiones previamente.

Tras la amenaza, las clases en Ciudad Universitaria fueron suspendidas por los directores de las diferentes facultades debido al riesgo para alumnos y maestros.

La Fiscalía General de la República tiene distintas líneas de investigación por los ataques y tiroteos del 17 de octubre de 2019, cuando se intentó detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán, donde incluye a miembros del Ejército como presuntos responsables.

“Hago de su conocimiento que esta Fiscalía cuenta con líneas de investigación en las que se pudiera desprender la posible participación de elementos de su corporación en los hechos acontecidos”, señala un mail enviado el 15 de febrero pasado por la Fiscal Judith Fabiola Flores Muñoz.

Organizaciones, pobladores coca y activistas exigieron a los magistrados de la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco que concluyan el proceso penal que diez comuneros de Mezcala, comunidad invadida por un empresario y recuperada el pasado 4 de octubre, enfrentan desde hace más de diez años por defender su territorio.

Los diez comuneros fueron imputados luego de que retiraron una torre de fierro construida de manera ilegal en las tierras comunitarias invadidas por el empresario Guillermo Moreno Ibarra, que usurpó 20 hectáreas del territorio coca de Mezcala por más de 20 años.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización de la que los defensores Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de Ayotzinapa; Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz, en Guerrero, fueron objeto por los militares, como revelaron los documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Lamentaron que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les asegura inmunidad. «Se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa», indicaron las organizaciones.

La percepción de inseguridad de la población mexicana tuvo un descenso estadísticamente significativo al pasar de 67.4 por ciento en junio a 64.4 por ciento en septiembre de 2022, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) dada a conocer esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, el Inegi detalló que dicha cifra no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a septiembre de 2021, que fue 64.5 por ciento.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este martes que sostendrá una llamada con su homólogo estadounidense, Joe Biden, luego de que la Casa Blanca buscara al Canciller Marcelo Ebrard para concretar dicho enlace.

Cuatro meses después de que a finales de 2020 un tribunal levantara la sanción a Cyber Robotic Solutions, empresa de León Manuel Bartlett, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya preparaba, en 2021, un nuevo contrato por 36 millones 117 mil 422 pesos, de acuerdo con un documento obtenido por el grupo de hackers “Guacamaya” y al que SinEmbargo tuvo acceso.

Este sería al menos el segundo contrato que celebraría la dependencia con la empresa del hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El primero se entregó el 23 de diciembre de 2019, a través de una Adjudicación Directa y el monto fue por 43 millones 396 mil 443 pesos.

Los aguaceros de esta madrugada provocaron inundaciones en las instalaciones de la Refinería Olmeca de Dos Bocas, de tal manera que la corriente de agua dificultó el ingreso de los obreros, cuyas imágenes circularon en redes sociales.

Las fotografías y videos en las que se observa a varios trabajadores caminando con dificultad con el agua a las rodillas, evidenciaron lo complicado de la situación.

Luego de un proceso que duró poco más de once años, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal dictara sentencia condenatoria de 26 años y diez meses de prisión en contra de Pedro Ortega Herrera, quien antes de convertirse en sicario al servicio de uno de los fundadores de Los Zetas, se desempeñó como Policía Auxiliar del Distrito Federal.

Al momento de su captura en julio de 2011, Ortega Herrera servía de escolta a Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, uno de los fundadores y tercero en el liderazgo del Cártel de Los Zetas.

El Gobierno de los Estados Unidos financiará el laboratorio de genética del Centro Nacional de Identificación Humana, informó la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, durante entrevista en Aristegui en Vivo.

Esto forma parte de los compromisos afianzados en la visita de Washington la semana pasada, para celebrar el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre EU y México, en el marco del Entendimiento Bicentenario.

Un video que circula en redes sociales muestra a un grupo de niños realizando un simulacro en su primaria, en Guaymas, Sonora, en caso de que ocurra una balacera.

En el video se ve y oye a un supuesto profesor, quien viste una camisa roja, ordenas a los niños echarse al suelo. “¡Pecho abajo! ¡Protéjanse!”, ordena mientras los niños corren y se acuestan en el suelo o en jardineras.

El militar advertía que la Sedena rechazaba un proyecto de reforma al artículo 94 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, elaborada por la Secretaría de Gobernación (Segob), que abría la puerta a que las comisiones de búsqueda realicen inspecciones físicas en cuarteles e instalaciones militares.

La ola de violencia continúa en el país y este fin de semana fueron asesinadas en el país al menos a 283 personas, según el reporte diario que elabora la Secretaría de Seguridad Ciudadana

93 asesinatos ocurrieron el viernes, 107 el sábado y 83 el domingo, un promedio de 94 y fracción al día, cuando el promedio generalmente ronda los 70-75 homicidios al día.

Los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que filtró el grupo de hacktivistas Guacamaya siguen arrojando diversas revelaciones, entre ellas que la Sedena tenía conocimiento de que varias dependencias acordaron pagar al menos 45 mil mdp al Ejército para obras, y que en Tabasco y Veracruz, los huachicoleros tejen red con policías, la Guardia Nacional y funcionarios.

Al ser consultado hoy sobre un plan de la Sedena para incrementar las operaciones aéreas en AIFA, el presidente se quejó de que Proceso no dedicó sus páginas a la quiebra de Mexicana. Por ser de interés público compartimos con nuestros lectores este reportaje.

El gobierno federal impugnó la orden de frenar la entrada en vigor del decreto por el que se ordena la militarización de la Guardia Nacional, publicado el pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Fiscalía General de la República (FGR) a través del ministerio público federal adscrito al juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato presentó un recurso de queja en contra de la suspensión provisional concedida la semana pasada contra el decreto en la que se ordenó que por el momento no se transfiera el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Entre los millones de archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el colectivo Guacamaya, existen al menos 16 informes de inteligencia militar que identifican a Hernán Bermúdez Requeña, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa entidad.

Ello, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández descalificaron el trabajo de la prensa que documentó cómo, mientras era gobernador de Tabasco, López Hernández entregó la seguridad del Estado a personajes que las autoridades federales identificaban con el CJNG.