A la Sedena no le gusta el escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Envía oficios a la Segob y a la Cancillería para que rechacen “por improcedentes” las recomendaciones y resoluciones que emiten organismos internacionales en la materia, como la ONU y la Corte Interamericana, y busca imponer en dichas instancias su versión sobre casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a militares, según se desprende de documentos hackea-dos por el colectivo Guacamaya. Al parecer, pasa por alto que ante el mundo México se ha comprometido con tratados y convenciones en este rubro.
El 4 de diciembre de 2020 la Cancillería mexicana provocó desconcierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando sostuvo, en nombre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que Ernestina Ascencio Rosario había fallecido en febrero de 2007 por una gastritis, y no a consecuencia de ser violada brutalmente por cuatro soldados en el municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
Seis días más tarde, el 10 de diciembre, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, descalificó la postura oficial del gobierno: denunció que era la misma argumentación “inaceptable” que el expresidente Felipe Calderón había utilizado para exculpar al Ejército en la muerte de la mujer indígena de 73 años, semanas después de declarar la “guerra contra el narcotráfico”.
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