Aunque la base del discurso de transformación de López Obrador es el combate a la corrupción, en los primeros tres años de su sexenio la fiscalía especializada en la materia solamente consiguió una sentencia condenatoria contra un exfuncionario acusado de desfalco: una de las 731 denuncias presentadas por dependencias federales contra servidores públicos de la pasada administración y de la actual.
El presunto daño patrimonial a Segalmex, Liconsa y Diconsa; el supuesto enriquecimiento ilícito de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el desfalco al Estado por un funcionario de la Presidencia son algunas de las 731 denuncias presentadas por dependencias federales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) en los primeros tres años de la actual administración.
La inmensa mayoría de ellas permanece en forma de carpeta de investigación. Sólo 25 se han judicializado y únicamente un caso, hasta ahora, ha culminado en una sentencia condenatoria, según la respuesta otorgada por la Fiscalía General de la República (FGR), a la que está adscrita la FEMCC. El veredicto, sin embargo, se desconoce. La información no es pública.