El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esta mañana cualquier posible acuerdo o pacto con el crimen organizado, como propuso Manuel Espino a la Secretaría de Gobernación (Segob) el jueves, y aclaró que en su administración esta “la raya bien pintada” entre autoridad y delincuencia.

Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal (SPF), reveló el planteamiento que le hizo al Secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, para que el Gobierno federal dialogara con grupos criminales con el fin de pacificar el país.

Durante su participación en el Foro Internacional “Seguridad y Justicia por un México mejor”, el exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró además, que recibió respuesta de dos organizaciones del crimen organizado.

Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, advirtió que no saldrá del partido por la puerta de atrás por respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que me detiene aún en Morena es el respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena”, dijo ante medios de comunicación.

El exfiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, defendió la investigación a su cargo que derivó en la solicitud de 83 órdenes de aprehensión, al menos 20 de ellas contra militares, que habrían intervenido en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Desde Estados Unidos, donde participó en los foros preliminares a la Cumbre por la Paz 2023 en San Francisco, California, el extitular de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), explicó que la desaparición de los estudiantes fue resultado de la lucha por el control regional del crimen organizado, vinculado con el Ejército mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que desde la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR), se trató de “dinamitar” la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos para que no se actuará.

En conferencia de prensa, señaló que, desde la fiscalía, sin tomar en cuenta el informe, sumaron a más personas responsables de los hechos para que no se actuara, pero que se tomó la decisión de proceder sin cerrar la investigación.

Con 106 mil 837 desaparecidos, el Gobierno de México anuncia el programa de búsqueda generalizada en vida.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, comentó que “urgía reconocer que la crisis de personas desaparecidas es parte de la herencia más dolorosa que recibió este gobierno”.

El Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados suma hasta este jueves dos mil 386 fosas clandestinas y cuatro mil 180 cuerpos exhumados, en lo que va de su creación.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó estas cifras en el contexto del rezago en el país para identificar a más de 52 mil cuerpos humanos.

El gobierno federal ratificó la declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 11 municipios del Estado de México, donde desde 2015 se implantó ese mecanismo ante los altos niveles de feminicidios, asesinatos de mujeres y otras violencias que se registraban desde entonces en esas demarcaciones. 

Tras una nueva reunión del grupo interinstitucional y multidisciplinario encargado del seguimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y de evaluar los resultados alcanzados hasta ahora, así como las acciones instrumentadas por los gobiernos municipales en respuesta a las declaratorias, finalmente se determinó la continuidad de esta política.

“No vamos a dar marcha atrás” en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque haya filtraciones de videos, documentos no testados o incluso espionaje, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Defendió que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) está sustentado en 154 eventos “para armar este rompecabezas”, que no sólo son las capturas de texto, sino el análisis de comunicaciones, declaraciones en el expediente, información de la Secretaría de la Defensa Nacional, informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mensajes de la DEA y la recomendación  de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos en Oaxaca, denunciaron incumplimiento en la búsqueda por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de un comunicado, los familiares señalan que el día 26 de octubre, se llevaría a cabo la primera reunión interinstitucional para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En 2021, 17 mil 592 jóvenes de entre 15 y 34 años fueron asesinados en México, por lo que la violencia se mantiene como la principal causa de muerte en este sector de la población, desde 2018.

Esto representa casi la mitad de todos los homicidios que ocurrieron el año pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, lo mismo que organismos defensores de derechos humanos, activistas y pobladores se dicen desesperados por la inacción gubernamental para atender los conflictos en la entidad.

El Departamento de Estado anunció que John Kerry, enviado especial del presidente Joe Biden para asuntos de Cambio Climático, viajará a Hermosillo, Sonora, el 28 y 29 de octubre para sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar temas bilaterales ambientales y energía sustentable

“Se involucrará en la discusión amplia sobre cooperación en materia climática en preparación de la reunión del COP27 que se celebrará en Sharm El-Sheikh, Egipto, del 6 al 18 de noviembre de 2022”, indicó el Departamento de Estado en un escueto comunicado de prensa.

La inmensa mayoría de ellas permanece en forma de carpeta de investigación. Sólo 25 se han judicializado y únicamente un caso, hasta ahora, ha culminado en una sentencia condenatoria, según la respuesta otorgada por la Fiscalía General de la República (FGR), a la que está adscrita la FEMCC. El veredicto, sin embargo, se desconoce. La información no es pública.

El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte canceló una audiencia en la que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, iba a resolver si concedía a Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), llevar fuera de la cárcel su proceso por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, registrados con la causa penal 307/2022, ello debido a sus diversos problemas de salud.

La diligencia estaba programada a las 19:00 horas del miércoles 26 de octubre, pero antes, los abogados defensores Elba Marina Vázquez Mendoza, Antonio López Ramírez y José Javier López García, pidieron reprogramar la audiencia, porque no habían reunido todos los documentos médicos con los que el ex gobernador de Hidalgo justificaría su solicitud de cambio de medida cautelar, e imponer otra, como la prisión domiciliaria.

Al menos dos mujeres periodistas fueron víctimas de amenazas e intimidación por ejercer su labor en Yucatán y Quintana Roo, reportaron la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México y la Articulación de Defensoras y Periodistas de la Península de Yucatán.

El primer caso es el de la periodista Cecilia Abreu, del diario La Jornada Maya y codirectora del portal Líneas Emergentes, quien fue intimidada el pasado 25 de octubre en Mérida, Yucatán, por un policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando cubría una protesta cerca del Consulado de Estados Unidos.

Desde 2007, cuando empezó a hacer crisis el fenómeno, hasta la fecha, 260 periodistas han sido asesinados en México: 101 corresponden al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; 96 fueron con Enrique Peña Nieto y 63 en el periodo, aún inconcluso, de Andrés Manuel López Obrador.

Pero el mayor problema, dijo hoy Alejandro Encinas, Subsecretario Derechos Humanos de Gobernación, es la impunidad. “Estamos enfrentando la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios donde, hasta 2021, solamente se habían emitido seis sentencias contra los perpetradores”.

Alma Paola Zavala Rodríguez, maestra de 24 años reportada como desaparecida desde el viernes 21 de octubre, fue localizada sin vida en la cima del cerro Amoles, en el municipio de Moroleón, Guanajuato, confirmó la Policía Municipal de Moroleón.

El cuerpo mostró signos de violencia y se halló en una zona de difícil acceso, a la que no es posible ingresar sin vehículos especializados para ese tipo de terreno. La policía tardó tres horas en llegar al lugar a pie después de identificar a la joven con ayuda de drones.

El activista Filogonio Martínez Merino fue localizado muerto el miércoles en una remota región del estado de Oaxaca, considerada como una de las más peligrosas para los defensores del ambiente.

El cuerpo de Martínez Merino, quien fue por más de una década un férreo defensor del Río Verde, fue hallado en las cercanías del poblado Piedra Blanca del municipio de Santiago Jamiltepec, estado de Oaxaca, según confirmó a la AP la Fiscalía General estatal, que abrió una investigación por homicidio.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) copias de las carpeta de investigación del caso Odebrecht.

Los ministros declararon fundados los recursos de reclamación interpuestos por la autoridad electoral en contra de la decisión de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien el pasado julio concedió una suspensión a la Fiscalía para que no entregara la información al instituto sobre el caso que involucra el presunto pago de sobornos con los que supuestamente se financió la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han podido liberar a 3 mil 359 personas que purgaban penas por delitos no graves, no tenían sentencia, fueron encarcelados injustamente o no contaron con un traductor (en el caso de indígenas) o con los recursos para pagar un abogado.

Así lo informó la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El modus operandi llevado a cabo en el homicidio del consejero nacional de Morena, Salvador Llamas Urbina, cuenta con varias similitudes respecto al asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, que ocurrió en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, informó esta mañana el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

Durante la presentación del reporte “Cero Impunidad” en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que, como dijeron autoridades ministeriales de Jalisco, “cuando menos hay ocho personas involucradas directamente en el lugar de los hechos y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta“.

El presidente de México dijo que su gobierno al fin había resuelto el misterio detrás de la perturbadora desaparición de 43 estudiantes, uno de los peores abusos de derechos humanos en la historia reciente del país.

En agosto, el gobierno dio a conocer el reporte de una comisión de la verdad que indicaba que, tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército. Se giraron órdenes de aprehensión.

El Ministro Luis María Aguilar Morales dio a conocer su nuevo proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, que será debatido en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual ahora plantea que esta medida cautelar no se aplique de forma automática, sino que se analice caso por caso.

Tras una audiencia de cinco horas, una juez sentenció a 24 y 20 años de prisión a los responsables materiales y cómplices del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido en enero de 2022. Sin embargo, las razones del homicidio y la detención de autor intelectual siguen pendientes.

Guillermo Julián Castro Garzón fue sentenciado a 24 años de prisión por disparar a Lourdes Maldonado frente a su domicilio, mientras que Erik Eduardo Contreras y Kevin Alberto Villarino obtuvieron 20 años, ambos fueron cómplices de Castro Garzón.