“Este es el país en el que el acceso a la información y la búsqueda de la verdad te quitan la vida”, señaló la organización Artículo 19 (A19) en el sitio web #PeriodismoEnRiesgo, lanzado este 2 de noviembre en el marco del Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

Desde el 2000, al menos 156 periodistas han sido asesinados en México, de los cuales 36 casos se registraron en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y 11 casos tan sólo en 2022. Además, 98 por ciento de los crímenes contra los periodistas queda en la impunidad, recordó la organización.

Mientras el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer pública la encuesta que revela que 51% de la población está a favor de reducir el dinero público al organismo, el propio partido resolvió hace poco reservar durante 1 año todas las encuestas, sondeos y estudios de opinión que el partido político haya pagado, contratado, adquirido o recibido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 12 de septiembre de 2022.

La agenda de actividades diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos de la primera parte del día, quedó expuesta tras el hackeo del grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La rutina es la misma de lunes a viernes: el mandatario inicia actividad a las 4:00 am y su primera reunión, con el gabinete de Seguridad para recibir el reporte en la materia se desarrolla de las 06:00 a las 07:00 horas.

El Instituto Nacional Electoral no ha fallado. Ni se le ha caído el sistema, ni elección alguna no ha podido desarrollarse, ni han impedido que los partidos sean multados por sus usos y abusos, y especialmente, han organizado las elecciones que, desde 2014, refrendaron el ejercicio de la democracia en México.

Y en 2018, después de una bien organizada jornada, el domingo 1 de julio por la noche informó del irrevocable triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la carrera por la presidencia de la República. La certeza democrática del INE aquella noche, después de informar de la copiosa e insólita votación, sería complementada poco más de un mes después, por la razón jurídica otorgando la constancia de presidente electo a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A nueve años del asesinato de Ghislaine Dupony y Claude Verlón, reporteros de Radio France Internationale (RFI), fiscales de ocho países, incluido México, firmaron un "llamamiento conjunto" contra la impunidad de los crímenes contra trabajadores de los medios de comunicación.

Reunidos por Reporteros Sin Fronteras (RSF), adoptaron 10 compromisos para que los ataques no queden sin respuesta penal y llaman a sus colegas a actuar contra la impunidad. La organización ha auspiciado este Llamamiento internacional para hacer saber a los fiscales que se enfrentan a situaciones difíciles que no están solos y, a las víctimas, que pueden lograr justicia.

Elba Esther Gordillo Morales, ex secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de 1989 a 2013, pidió, el 1 de noviembre del 2022, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que deje de buscar e inventar excusas en el pasado y que mejor trabaje en resolver los graves problemas del país.

Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, llamó, el 1 de noviembre de 2022, a formar un “frente democrático nacional” para impedir la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE).

El ex diputado federal del grupo legislativo de Morena -partido que fundó el político tabasqueño en el año 2014- acusó al Gobierno de López Obrador de ejercer “intensa presión” en contra de la oposición para imponer, según dijo, su reforma electoral.

México planteó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace 60 años.

Juan Ramón de la Fuente, Embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, señaló que dicho bloqueo viola el derecho internacional, además de los preceptos constitucionales de la política exterior de México.

En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), presentado el pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Gobernación, informó de la incorporación de 467 capturas de pantalla que exhiben “todo el proceso de persecución, captura y desaparición de los muchachos”.

Las tareas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) siempre estuvieron llenas de obstáculos. Desde su llegada a México, en 2015, sus integrantes han sufrido recortes presupuestales, presiones y hasta espionaje. Todo ello complicó su labor que es la de investigar qué fue lo que le ocurrió a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Parte de esa hostilidad vino de los elementos del Ejército, que desde su titular al momento de esta desaparición, el General Secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, se opusieron a que el Gobierno y el GIEI investigaran o por lo menos interrogaran a militares.

Una encuesta interna del Instituto Nacional Electoral (INE), que fue difundida en su portal de transparencia, muestra que el 51% de los mexicanos está de acuerdo con que se lleve a cabo una reforma en materia electoral.

El ejercicio, impulsado por la Coordinación de Comunicación Social, señala que entre quienes están a favor de la reforma, la opinión está dividida entre quienes la ven muy necesaria (23%) y quienes no (25%).

El exgobernador Eugenio Hernández ganó un nuevo amparo, por lo que el juez penal de esta capital le dictó auto de libertad, con lo que podría salir de prisión en los próximos días, señaló su equipo de defensa.

Mediante un comunicado, los abogados señalaron que, este martes, el juzgador penal de Victoria, Santiago Espinoza Canacho, acató el amparo que le concedió la justicia federal a quien fuera gobernador priista de Tamaulipas en el periodo 2005- 2010, y le concedió la libertad, aunque aún sigue encerrado en el penal de Tenango del Valle, Estado de México.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) suspendió los trámites y plazos a su cargo, así como los de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), luego de que registró un ataque cibernético.

La medida se dio a conocer mediante un acuerdo publicado esta tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La suspensión estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo, informó la dependencia.

El exfuncionario René Gavira Segreste enfrenta ya otro proceso penal por las irregularidades registradas dentro del organismo federal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes en un comunicado que logró que Gavira fuera vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado de presuntas compras ilícitas.

El Congreso local pidió al gobierno del Estado que entregue la carta de no antecedentes penales a los aspirantes al puesto de fiscal general que no la han recibido, y que se inscribieron en el proceso de selección sin presentar este documento.

El diputado panista Jesús Gómez, presidente de la Comisión Anticorrupción de la entidad, señaló que de los 65 registrados, 54 carecen de la certificación oficial de historial delictivo limpio, por lo que urge que la entidad ceda la carta que no ha sido liberada, con el argumento de que existen amparos que impiden que el trámite se realice.

A un año de la desaparición de la defensora del bosque, Irma Galindo Barrios, hasta la fecha no se ha efectuado ninguna investigación efectiva, eficiente, exhaustiva, profesional e inmediata para dar con su paradero, denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes.

Por el contrario, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa desacató las medidas cautelares MC-1050-21 que el 22 de diciembre del 2021 le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la indígena mixteca Irma Galindo Barrios, luego de que el 10 de noviembre del 2019, en el paraje buena vista Toto-i, le quemaron su casa, por lo que tuvo que mantenerse exiliada.

Con amparos otorgados por la justicia federal, la señora Guadalupe Cayente, mamá de Leonardo Reyes Cayente, consiguió que la jueza de control en Guanajuato, Cristina Patricia Soto, ordenara a la Fiscalía General del Estado reabrir la investigación por el asesinato del joven migrante originario de San Miguel de Allende presuntamente a manos de seis policías estatales en diciembre de 2018.

Leonardo Reyes Cayente fue asesinado entre la noche del 12 de diciembre y la madrugada del 13 de diciembre de 2018 por policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. De acuerdo con sus familiares, el joven de 23 años fue atacado por los elementos a orillas de la carretera cuando salió de su casa en la comunidad Corralejo de Abajo a buscar señal de teléfono para hablar con su novia.

Cinco trabajadores de la empresa Lala en Acapulco, Guerrero, están desaparecidos desde el 27 de octubre, denunciaron sus familiares.

Los familiares ya interpusieron las denuncias correspondientes por las desapariciones de José Luis Gutiérrez Rabadán, Ixoye Mendoza Juárez, Carlos Miguel López Bailón, Antelmo Oliver Cortez Carbajal y Miguel Ángel López Maldonado, de quien se desconoce su paradero.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no logró aclarar en dónde están 27 millones 155 mil pesos de presupuesto público que supuestamente se transfirieron a 8 mil 515 familias y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) corroboró que no fueron cobrados por los beneficiarios de dichos apoyos. 

Incluso, como parte de la segunda entrega de las auditorías a la Cuenta Pública 2021, la ASF reveló que el monto podría haber sumado 81 millones 204 mil pesos. Sin embargo, como parte de su trabajo de fiscalización, logró recuperar 54 millones 049 mil pesos antes de concluir con la fiscalización.

Un abogado de nombre Fernando Urbano Castillo Pacheco, apodado “el Niño de Oro” y otra persona aún no identificada, fueron atacados a balazos este día en el estacionamiento de una tienda Costco, en la zona conocida como Angelópolis de esta ciudad.  

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos se registraron cuando Castillo Pacheco y la otra persona, que se presume es su hermano Alejandro, estaban en el estacionamiento de la tienda a bordo de una camioneta Audi Q5 negra y fueron balaceados de manera directa por sujetos no identificados.

Pérez Santiz es identificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas como líder de una organización llamada SAKPAT, con presencia en San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula y Teopisca. Además, lo considera líder de Los Vans, una de las pandillas que opera desde la zona norte de San Cristóbal.

En 10 años han ocurrido 28 asesinatos de periodistas en México que se encuentran sin resolver, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), quien lleva un registró desde 1992 donde tiene contabilizados 60 ejecuciones contra trabajadores de los medios de comunicación en el país. 

Al presentar el Índice Global de Impunidad 2022, el CPJ refiere que pese a los discurso gubernamentales, en la gran mayoría de las ejecuciones persiste una constante: impunidad. México ocupa la sexta posición del ranking, mientras que Somalia sigue siendo el peor infractor del índice por octavo año consecutivo. Siria, Sudán del Sur, Afganistán e Irak, respectivamente, completan los puestos siguientes. El reporte abarca el periodo de 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 1 de noviembre de 2022, que volvería a saludar a María Consuelo Loera Pérez, madre del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, porque respeta a la gente mayor, así como a cualquier persona, además de que, según dijo, tiene su conciencia tranquila.

Al reiterar que Sergio Sarmiento Fernández de Lara forma parte de una campaña que pretende ligarlo con el Cártel de Sinaloa, el político tabasqueño retó al periodista a presentar pruebas y, de conseguirlas, él renunciaría a la Presidencia de la República.