Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, colaboró con el Cártel de Sinaloa durante casi 20 años, incluso después de que fue detenido en Dallas, Texas, Estados Unidos, el 10 de diciembre de 2019.

Así lo afirmó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en una carta enviada a la Corte para que avance el caso judicial contra el ex funcionario federal mexicano. Sin embargo, los abogados de García Luna han asegurado que la acusación contra su cliente es frágil, porque abandonó la vida pública al concluir el Gobierno de Calderón Hinojosa, el 30 de noviembre de 2021, y han pedido que se desechen los cargos en su contra, bajo el argumento de que ya han prescrito.

Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), informó que la madrugada del 8 de noviembre de 2022, detuvieron al hermano de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, ex líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), dedicado al robo de combustible o “huachicoleo”.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el mando militar dijo que Juan Rodolfo Yépez Ortiz, alias ‘El Rudy’, ‘Rodo’ o ‘Rudo’, de 39 años de edad, fue detenido con 60 mil dólares estadounidenses y 40 mil 500 pesos mexicanos.

César Omar González Hernández y Alejandro Robledo Carretero, abogados de los cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa, presentaron una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de falsear información en torno al caso.

Los litigantes acusaron a Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de entorpecer la investigación y fabricar pruebas falsas en contra de sus clientes: el Subteniente Fabián Pirita Ochoa, el Sargento Eduardo Mota Esquivel, el General José Rodríguez Pérez y el Capitán José Martínez Crespo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó del hallazgo de ocho cuerpos en cuatro fosas, en una zona cerca al panteón del municipio de Tarímbaro, ubicado a poco más de 10 kilómetros de Morelia.

La FGE detalló que los ocho cuerpos aún no se encuentran identificados, pero que ya inició una carpeta de investigación para indagar los hechos.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, negó “categóricamente” los señalamientos en contra de él y su institución sobre las causas de la muerte de Ariadna Fernanda López luego de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusara al Fiscal de haber encubierto el feminicidio de la joven, quien fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán.

Mediante un comunicado, la Fiscalía estatal aseguró que las acusaciones carecen de todo sustento y defendió el dictamen de necropsia, pues señaló que fue realizado por médicos forenses certificados “pertenecientes a una Fiscalía autónoma, ajenos a la alteración de pruebas o fabricación de delitos y quienes fueron los primeros que tuvieron contacto con el cuerpo de la víctima”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Fiscalía General de la República debe atraer el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda para esclarecerlo lo más pronto posible.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que al haber versiones distintas sobre la causa de la muerte de la joven entre las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México, lo mejor es que la FGR tenga las carpetas de investigación.

El celular de Rautel “N”, señalado como responsable del presunto feminicidio de Ariadna Fernanda, se movió desde la Ciudad de México hacia la zona en Morelos donde fue encontrado el cuerpo sin vida, afirmó el titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

La Jefa de Gobierno de la capital mexicana elevó hoy el tono contra el Fiscal de Morelos, a quien exhibió como un individuo oscuro que deliberadamente manipuló el feminicidio de Ariadna Fernanda López para inculparla a ella de su propia muerte.

Mostró una cronología que hace aún más evidente que hubo un intento por ocultar el crimen por el que Vanessa “N” y Rautel “N” están ya detenidos como principales sospechosos. El titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos (FGJ-Morelos) había dicho que la víctima murió, básicamente, por exceso de ingesta de alcohol.

Un Juez de control dictó prisión preventiva contra Rautel “N” por el feminicidio de Ariadna Fernanda López, de 27 años de edad, quien fue hallada sin vida en una carretera de Morelos el pasado 31 de octubre.

La audiencia continuará el próximo domingo, donde se definirá su situación jurídica luego de que su abogado solicitara la duplicidad del término constitucional.

Al menos nueve entidades no han ejercido en su totalidad los recursos que se destinaron, en 2021, para la búsqueda de personas, mientras que colectivos de madres, padres y familias que buscan a sus seres queridos padecen la falta de presupuesto para llevar a cabo estas labores que muchas veces son dejadas de lado por las autoridades.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó en su Informe de la Cuenta Pública cómo en Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Estado de México se reintegraron al menos 121 millones 721 mil 500 pesos, de los 581 millones 941 mil pesos que se transfirieron a 30 entidades federativas para realizar acciones para la atención de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

En sus informes 2019 y 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no cuenta con mecanismos para verificar y detectar riesgos en el uso de los recursos que transfiere a las comisiones de búsqueda locales; además, documentó la devolución de más de 120 millones de pesos de manera injustificada por parte de dichos organismos durante el año pasado.

En 2019, primer año en el que se distribuyeron más de 240 millones de pesos entre 20 comisiones estatales, el órgano fiscalizador auditó los recursos destinados al programa U008 “Subsidios para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, y concluyó que la CNB no tuvo mecanismos de supervisión para verificar que a los recursos transferidos a las comisiones estatales se les diera uso y destino para acciones de búsqueda de personas. 

Rautel “N”, quien presuntamente participó en el feminicidio de Ariadna Fernanda López, se entregó a las autoridades la madrugada de este lunes en Monterrey, Nuevo León.

La fiscalía de Nuevo León confirmó que el hombre, quien tenía una orden de aprehensión, se presentó de manera voluntaria acompañado de su abogado, en las instalaciones de la fiscalía del estado.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México declaró fundado un recurso de queja presentado por Zerón de Lucio en contra de un acuerdo dictado por el juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en el que ordenó mantener en sigilo la orden de captura.

Tras la polémica modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que permite pasar activos financieros del sector público al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), voces en el Senado llaman a modificar la reforma para proteger el dinero de los ciudadanos y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que se revisará con seriedad.

“El Senado revisará con seriedad la minuta de la Cámara de Diputados para reformar la ley federal de presupuesto, la cual permite realizar aportaciones adicionales al Fondo de Estabilización. Se garantizará la integridad y el destino de los ahorros privados de todas y todos”, escribió en redes sociales Monreal.

Un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa contra Vanessa “N”, presuntamente involucrada en el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, por lo que deberá permanecer en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

La joven de 20 años, presunta amiga de la víctima, fue detenida por la mañana de ayer domingo 5 en calles del centro del municipio de Ecatepec, Estado de México, por el delito de feminicidio. 

El proyecto anual de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), discutido a partir de este lunes, contempla reasignaciones presupuestales donde el Instituto Nacional Electoral (INE) se perfila como uno de los más “castigados”, con un recorte de 4 mil 475 millones de pesos para el 2023.

Según lo proyectado, se plantea un recorte a los organismos autónomos por 6 mil 643 millones de pesos el próximo año. De este monto, 4 mil 475 millones corresponden solamente al presupuesto del INE.

En los últimos tres años, a pesar de la crisis de desapariciones en México, por la que se desconoce dónde están más de 107 mil personas, las comisiones a cargo de la búsqueda de personas desaparecidas en los estados del país desaprovecharon 233 millones de pesos del subsidio que reciben por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) desde 2019.

Esto representa 18% del total de más de mil 200 millones de pesos que la CNB distribuyó a estos organismos entre 2019 y 2021. Creados por orden de la Ley General en materia de personas desaparecidas de 2017, año con año han ido creciendo en número, por lo que el subsidio se distribuyó entre 20 en 2019, 27 en 2020 y 30 en 2021.

De acuerdo con el parte de la policía municipal, a las 20:35 del domingo 6 se reportó que en la calle Leandro Valle casi esquina con Allende, en el centro de la ciudad, el cuerpo de una mujer estaba sobre la vía pública con varios impactos por arma de fuego. Al llegar al lugar personal de la Cruz Roja Mexicana constató que la mujer había fallecido.

Proceso revisó documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que forman parte de los correos electrónicos hackeados por el colectivo Guacamaya, en los cuales el Ejército realiza labores de inteligencia previo a las visitas del mandatario para identificar cuáles son los posibles riesgos que enfrentará al llegar al lugar designado.

Ese cargo, figura con la que el morenismo evade los tiempos de ley para adelantar la promoción de sus futuros candidatos a gobernaturas, fue anunciado para decidirse en julio, en paralelo al Estado de México que, como el estado norteño, tendrá elecciones para gobernador el próximo año.

En México hay al menos 107 mil 201 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que tan sólo en mayo pasado reportó que la cifra superó las 100 mil víctimas.

La mayoría de las víctimas de desaparición se registraron en Jalisco, con poco más de 15 mil víctimas, seguido de Tamaulipas, con 12 mil 400, y del Estado de México, con más de 11 mil 700.

El Registro también indica que desde 1964 a la fecha fueron halladas 158 mil personas que fueron reportadas como desaparecidas; de las cuales 10 mil 952 se encontraron sin vida.

En el panteón de la colonia Pedro Amaro en Jojutla han cambiado algunas cosas, aunque otras permanecen igual que hace cinco años. Ahora hay un aumento de tumbas de hombres y mujeres que murieron de forma “natural”. Hay otras que son víctimas de la violencia, unas 200 más que causó la pandemia de covid-19. Pero una de las cosas permanecen igual es la fosa que cavó ahí la Procuraduría de Justicia desde principios de este siglo.

Ahí, hasta 2014, esa dependencia enterró un número incierto de personas como no identificadas y no levantó datos por obligatorios que hubieran ayudado a encontrarlas. También las ocultó en fosas comunes que no estaban marcadas.

Estefanía Martínez Matías, de 22 años de edad, fue localizada sin vida sobre una carretera de Tuxtla Gutiérrez-Emiliano Zapata después de seis días de haber estado desaparecida, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, quien señaló que su muerte será investigada bajo el protocolo de feminicidio.

La joven que estudiaba Enfermería en dicha entidad fue reportada como desaparecida por sus familiares desde el 30 de octubre, día en el que supuestamente asistiría a una fiesta con sus amigos después de su trabajo. Sin embargo, desde las 18:00 horas ya no tuvo comunicación con nadie.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Omar García Harfuch, informó esta tarde que uno de los detenidos por la muerte de Lidia Gabriela Gómez, no es quien en ese momento iba conduciendo el taxi del que se arrojó la joven de 23 años.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario de seguridad capitalina refirió que el taxi asegurado sí es la unidad implicada en el feminicicio de Lidia, aunque la persona detenida por denuncias ciudadanas no es el chofer que conducía el automóvil.

Tres integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), uno de los cuales habló con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la violencia del crimen organizado, Adán Linares Silverio, así como Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales fueron asesinados a balazos la tarde del sábado en la comunidad Xochimilco, municipio de Chilapa.