A pesar de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció a mediados de junio de 2020 que la Fiscalía General del Estado (FGE) estaba infiltrada por la delincuencia organizada, no hubo ninguna limpia: la alianza entre la autoridad y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) persiste, tal como revelan los documentos hackeados por el grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Francisco Jiménez Reynoso y Anuar García, integrantes del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y de la organización SOS Capítulo Jalisco, respectivamente, reprochan la falta de investigación y depuración que debió realizar Alfaro.