“En España sale caro denunciar la corrupción; te destroza la vida”, dice pesaroso Roberto Macías Chávez, mexicano que ha sufrido persecución judicial durante una década, tras destapar un fraude millonario en la delegación andaluza de la Unión General de los Trabajadores (UGT-A), la mayor central obrera del país, cometido mediante el desvío de fondos provenientes de subvenciones públicas y el uso de facturas falsas en el manejo contable.
Fue gracias al papel de Macías como whistleblower (denunciante de corrupción, figura reconocida por la Unión Europea), que varios medios españoles iniciaron su propia investigación periodística, la cual una vez publicada abrió el telón a un escándalo de corrupción que afectó políticamente a la histórica central obrera en una de las comunidades autonómicas donde tenía más peso.