La aprobación fast track del paquete de iniciativas que el Ejecutivo envió al Congreso es una sentencia de muerte para gran cantidad de publicaciones periodísticas. En ese paquete se incluyó la Ley General de Comunicación Social, que pone un tope de 0.1% del presupuesto de cada entidad gubernamental para los gastos publicitarios, que son la sangre de numerosos medios.
Una serie de disposiciones que limitan el gasto publicitario de los tres órdenes de gobierno puso en vilo el arranque de 2023 para los medios de comunicación de todo el país pues, dependientes mayoritariamente de la publicidad oficial, la reducción de ingresos los vuelve inviables.
Cuando la atención pública estaba centrada en el llamado “Plan B” de la reforma electoral, durante el fin del periodo ordinario de sesiones y ya iniciadas las fiestas decembrinas, la aprobación fast track del paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo incluyó la Ley General de Comunicación Social que, en su artículo 26, establece un tope en gasto publicitario de 0.1% a toda entidad pública.
