Desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente, el gobierno de Estados Unidos expulsó a México a más de 71 mil solicitantes de asilo extranjeros bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) –también conocidos como el plan Quédate en México– y devolvió en caliente a más de 2.5 millones de personas bajo la aplicación del Título 42.
A lo largo de los últimos cuatro años el gobierno federal, especialmente el canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, han sostenido que estas medidas –severamente criticadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos– fueron producto de decisiones unilaterales de la administración del entonces presidente Donald Trump sin el consentimiento de México.