La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a once miembros de la comunidad jesuita ante la situación de riesgo de «daño irreparable, grave y urgente» en la que se encuentran desde los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, perpetrados el 20 de junio de 2022 en la comunidad rarámuri de Cerocahui, Chihuahua.
La CIDH consideró que aún no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo y estimó que la impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos, por lo que el pasado 22 de enero resolvió otorgar las medidas cautelares a los once jesuitas.