El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de las reformas a la ley general de Comunicación Social y a la Ley general de Responsabilidades Administrativas, que forman parte del “plan B” de la reforma electoral.
El INE argumentó que dichas modificaciones legislativas que se plantearon en el decreto, publicado el 27 de diciembre de 2022, merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones.