La propuesta de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para transformar esa institución autónoma en una defensoría del pueblo, resultó sorpresiva para los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, que ven a esa funcionaria como una “incondicional” del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, por ello, ha omitido su responsabilidad de fiscalizar las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).
Esa sorpresa inicial se convirtió en preocupación cuando los expertos en derechos humanos comenzaron a examinar en detalle la iniciativa presentada por Piedra Ibarra al Senado y a la Cámara de Diputados el pasado 30 de enero.