La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, como establecían reformas al Código Penal de la Ciudad de México.
Este registro formaba parte de una serie de reformas que aprobó el Congreso capitalino en 2020 a las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del código Penal local.