Colectivos feministas preparan amparos colectivos en cuatro estados: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Baja California Sur, en donde, pese a que el aborto ya está despenalizado, algunas instituciones de salud, como el IMSS o el ISSSTE, no realizan dicho procedimiento a las derechohabientes que lo solicitan, bajo el argumento de que se rigen por el Código Penal federal en el que la interrupción del embarazo aún está criminalizada.
Colectivos feministas se organizan para presentar un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en cuatro entidades de la república mexicana: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Baja California Sur, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen a todas las mujeres que así lo soliciten el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.
Los colectivos Di Ramona y AbortistasMx, que encabezan este proyecto, señalaron que en varios estados del territorio nacional el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo se ha convertido en una problemática, ya que, pese a que es un derecho legal, el Código Penal y la Ley General de Salud no han sido actualizados en esta materia, por lo que el aborto ahí se sigue considerando un delito, y, en consecuencia, algunas instituciones de salud, particularmente las públicas, se niegan a realizarlo.