A unos días de que se emitan los informes de fiscalización del periodo de precampaña para los aspirantes a las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, el fantasma de la judicialización asoma en ambas entidades, donde el llamado Plan B de la Reforma Electoral no aplica.
Los partidos políticos y sus abanderados están sujetos a la normatividad electoral de años pasados debido a los tiempos en que se aprobó el Plan B; el precedente de las elecciones hace seis años (en 2017) es que sus comicios terminaron en tribunales, con movilización social y validaciones de último minuto previo al cambio de poderes ese año.