La reforma electoral pone en riesgo los avances que se han conseguido en materia de paridad entre los géneros y la representación de grupos históricamente discriminados.
Las reformas electorales conocidas como Plan B implican un riesgo de regresión en los avances que hasta hoy se han logrado para la inclusión en procesos electorales de grupos históricamente discriminados, garantías de paridad y violencia política de género, acusan 11 organizaciones de la sociedad civil que este miércoles interpondrán recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a estas afectaciones.
Aunque las reformas publicadas contemplan más grupos, el porcentaje de lugares garantizados para personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, residentes en el extranjero y de la diversidad sexual se reduce. En tanto, la paridad quedará sujeta a la discrecionalidad de los partidos políticos, mientras que no se establecen reglas claras para sancionar la violencia política de género.