La Red de Casas de Migrantes y Centros de Derechos Humanos de la zona norte de México, quienes ya habían denunciado el incremento de operativos conjuntos de autoridades migratorias y municipales y detenciones arbitrarias a primeros de marzo en una carta firmada por más de 30 colectivos, expusieron el martes en un comunicado que el suceso “refleja la ausencia de protocolos para la protección de migrantes y solicitantes de asilo”.
El incendio que mató a por lo menos 38 personas en un centro de detención migratorio de México ocurrió en un momento en que los países del hemisferio occidental están siendo presionados para hacer frente al número extraordinario de personas que huyen de sus patrias.
México ha expandido su red de decenas de centros de detención mientras colabora con Estados Unidos para limitar la movilidad de solicitantes de asilo que atraviesan su territorio para dirigirse a la frontera sur de Estados Unidos, incluyendo a Ciudad Juárez, en donde las autoridades dicen que los migrantes incendiaron colchonetas el lunes en un centro de detención después de enterarse de que serían deportados.