Dos visiones acerca del campo se enfrentan después de la aparición del decreto que prohíbe el glifosato y el maíz transgénico para consumo humano. Por un lado, el lobby agroquímico defiende el uso “responsable” de herbicidas y semillas transgénicas y, por el otro, funcionarios públicos pugnan por una transición agroecológica comunitaria.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero último establece como fecha límite el 31 de marzo de 2024 para lograr la sustitución total del glifosato, una sustancia química que altera el ecosistema, probablemente cancerígena y objeto de disputas políticas en todo el mundo. Sin embargo, los fabricantes de agroquímicos no están satisfechos con el decreto promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su restricción provocaría un impacto económico negativo.