El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que conoce a la familia de la nueva titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, a quien calificó como una mujer honesta, con amplia experiencia en materia electoral, incapaz de actuar como Lorenzo Córdova.

El mandatario admitió que conoce a la familia de la nueva presidenta del INE, aunque aseguró que a ella no.

El exsecretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Hidalgo, con iniciales A.E.F.M, quien es acusado de violación, fue detenido la tarde de este jueves en la Ciudad de México por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

La dependencia informó que, mediante orden de aprehensión, elementos de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal junto a personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX lo aseguraron.

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que impugnará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a dos de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por su falta de idoneidad, ya que según el blanquiazul, no cumplen con ese requisito constitucional al tener claros vínculos con Morena, tanto familiar como políticamente.

La impugnación específicamente será por la falta de idoneidad de los insaculados Guadalupe Taddei Zavala, nueva consejera presidenta, del INE y Jorge Montaño Ventura, elegido como consejero electoral, anunció el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el incendio en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en el que fallecieron 39 migrantes, y exigieron la instalación de una comisión internacional para investigar las violaciones a derechos humanos perpetradas por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Las directoras de las organizaciones expresaron hoy su preocupación ante el hecho de que la investigación que lleva a cabo la FGR parece apuntar hacia autoridades de “bajo nivel” --los custodios del INM y los guardias de seguridad privada a cargo del centro de detención--, pero no hacia las más altas esferas de la política migratoria, ya sea el comisionado Francisco Garduño Yáñez, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se suspendió “desde ya y de forma definitiva” la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el lunes 27 murieron 39 migrantes por un incendio.

Además, anunció que se rescindirá el contrato con la empresa Camsa SA de CV, la cual daba el servicio de vigilancia de migrantes en ese centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM), que encabeza Francisco Garduño.

Ante la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de proporcionar la carpeta de investigación, pese a un ordenamiento judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) sobreseyó el procedimiento contra el PRI, el expresidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Alfredo del Mazo, por presuntamente recibir dinero de la empresa Odebrecht para sus campañas políticas.

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó que se interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad contra el Plan B de la reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La resolución se adoptó durante la última sesión con el quórum legal debido a la salida del comisionado Francisco Ramírez Acuña y a que el Senado no ha completado la designación de otros dos integrantes del pleno.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió la puerta a firmar un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya en el caso Odebrecht, solo si su defensa se desiste del amparo con el que busca que la institución y Pemex dejen de tener carácter de víctimas en el expediente.

Seis muertos y un niño herido de bala dejó una jornada violenta en los municipios Tecolutla y Tuxpan, Veracruz.

Fuentes policiales revelaron que los primeros tres crímenes ocurrieron en la comunidad de Hueytepec del municipio de Tecolutla, en la zona costera.

En un primer ataque armado murieron dos hombres y a pocos metros ocurrió un segundo caso con una mujer asesinada y un menor de edad herido.

El equipo de Indignación celebró la libertad de los cuatro activistas golpeados y detenidos arbitrariamente el pasado 23 de marzo durante una marcha en Mérida, Yucatán, en solidaridad con la comunidad de Sitilpech, que sostiene una lucha por la defensa del agua frente a la amenaza de la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén).

Los cuatro presos eran Dafne Aguilar, activista transfeminista, Andreu Ortiz, defensore de derechos humanos de la comunidad LGBT+, y los activistas Sofía Caballero y Sebastián Navarrete. Todos fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán, quienes vestidos de civil reprimieron la protesta del 23 de marzo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a colaborar para esclarecer el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre de 2014 al mover documentos sensibles sobre el caso e incluso afirmar que no existen, afirmó este viernes el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante la presentación de su Quinto Informe.

María Victoria Antele, joven madre desaparecida el 19 de marzo en el Estado de México (Edomex), fue localizada sin vida junto con el cuerpo de un hombre de 30 años.

Autoridades estatales reportaron que gracias a los tatuajes en su pecho, con los nombres de sus hijos, fue que pudieron encontrar a la joven de 29 años, quien fue vista por última vez en Santo Domingo Aztacameca, localidad ubicada en el municipio mexiquense de Axapusco.

Policías de la Comisaría de la Guadalajara fueron captados en un video agrediendo a una persona en situación de calle. Lo patearon, lo pisaron y electrocutaron.

La tortura por parte de los uniformados ocurrió afuera de una clínica de salud ubicada en el cruce de Chapultepec y Avenida España.

Un Juzgado de Ejecución del Estado de México ordenó la “excarcelación inmediata” de Daniel García Rodríguez,  quien había sido reaprehendido el lunes 27 y conducido al penal de Barrientos en Tlalnepantla, mientras esperaba la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del gobierno de México.

El colectivo Pena Sin Culpa, del que es coordinador García Rodríguez, denunció el lunes 27 que su arresto constituía una “venganza” y una “represalia” por haber puesto en el ámbito internacional el debate sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en México, figuras consideradas como violatorias de derechos humanos.

El Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios demandó a la gobernadora morenista, Lorena Cuéllar Cisneros, ponerse del lado de las mujeres y no proteger a su Secretario del Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien fue denunciado por incurrir en actos ilegales para eludir el pago de la pensión que corresponde a su hijo.

La activista Diana Luz Vázquez, quien es impulsora de la llamada Ley Sabina, dijo que el FNM contra Deudores Alimentarios, dará seguimiento y acompañará a Tania Vianey Rodríguez González -quien denunció al funcionario- hasta que obtenga justicia.

Un juez federal retiró la prisión domiciliaria que mantenía encerrada en casa a Gilda Margarita Austin y Solis, madre de Emilio Lozoya, desde el año 2019, medida que le fue impuesta en el caso Odebrecht en el que está acusada por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Durante una audiencia que duró más de 11 horas, el juez Gerardo Alarcón ordenó la colocación de un localizador electrónico con el que podrá circular únicamente dentro de la Ciudad de México y, por tanto, permanecerá vigente la prohibición que tiene para salir del país.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero último establece como fecha límite el 31 de marzo de 2024 para lograr la sustitución total del glifosato, una sustancia química que altera el ecosistema, probablemente cancerígena y objeto de disputas políticas en todo el mundo. Sin embargo, los fabricantes de agroquímicos no están satisfechos con el decreto promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su restricción provocaría un impacto económico negativo.

El Gobierno de Aguascalientes ha ocultado información sobre las actividades y remuneración del ex alcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato, Luis Alberto Villarreal, esposo de la mandataria y quien, de acuerdo con medios locales, es presuntamente su asesor.

Esa habría sido la razón por la que Villarreal asistió al primer viaje al extranjero de la gobernadora. La comitiva, que incluyó a funcionarios de otras administraciones estatales, viajó a Japón para atraer inversiones, pero, como lo informó Poplab, el gobierno recicló el anuncio de una inversión que en mayo de 2022 fue dada a conocer por el ex gobernador Martín Orozco.

Ante la muerte de 39 migrantes por el incendio registrado en una estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez; del responsable de Migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero; del representante local y noreste de la oficina de representación de Migración, Daniel Goray Yosioka, y demás servidores públicos y guardias privados involucrados en estos hechos.

La denuncia de hechos es para que se investigue la probable responsabilidad de todos estos servidores públicos en los delitos de detención ilegal, homicidio y lesiones en agravio de las 39 personas migrantes fallecidas, en su modalidad de comisión por omisión, por no permitir que los migrantes salieran de la estancia migratoria, a pesar de que tuvieron la oportunidad de hacerlo.

En abril de 2021, el gobierno de López Obrador acordó con Estados Unidos el despliegue de más de 10 mil elementos de Guardia Nacional (GN) en la frontera con Guatemala, con la finalidad de acotar el flujo de migrantes que buscan ingresar a ese país por el territorio mexicano. Salen de sus respectivos terruños huyendo del hambre, la miseria y la muerte.

El Senado de la República estará sin actividades hasta el próximo 12 de abril por vacaciones de Semana Santa, dejando pendiente la aprobación de los comisionados del INAI, y sin quorum para sesionar a partir del 1 de abril, cuando Rafael Acuña Llamas finalice su cargo.

Aún con el último llamado de la oposición para que los nuevos comisionados fueran elegidos este mismo jueves por el pleno, la Junta Coordinación Política (Jucopo) no logró alcanzar ningún acuerdo.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas constitucionales para evitar que personas que hayan ejercido cualquier tipo de violencia en razón de género ocupen algún cargo público.

Con 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, San Lázaro dio el visto bueno a la denominada “Ley 3 de 3 contra la violencia” que buscaba reformar los artículo 38 y 102 de la Constitución mexicana.

De norte a sur, en todo el territorio nacional donde se encuentra una estación migratoria, las violaciones a derechos humanos y corrupción de las autoridades es la misma. Eso relatan migrantes en las inmediaciones de la estación "Puerto Fronterizo Lerdo", donde el pasado lunes un incendio originó la muerte, hasta el momento, de 39 migrantes. 

ARTICLE 19 presentó Voces contra la Indiferencia, su más reciente informe anual sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México, que revela la endeble condición de la libertad de expresión en México.

Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, compartió que el informe busca hacer un homenaje a las voces de periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos y comunidades indígenas que hoy confrontan su discurso con otras voces hegemónicas y la monopolización del debate sobre lo público.