La ineficacia del Estado para resolver la crisis de derechos humanos provocada por más de 52,000 cuerpos sin identificar fue expuesta ante la CIDH por los familiares de personas desaparecidas y evidenciada por las propias autoridades, que presumieron logros irreales.
Un Banco Nacional de Datos Forenses inexistente, un Programa Nacional de Búsqueda y Localización elaborado sin consultar a las familias de las personas desaparecidas, y un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense sin recursos ni apoyo político son algunos de los factores, expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han contribuido a agudizar la crisis forense en México.
Reconocida en 2019 por el gobierno, la crisis de derechos humanos y la emergencia forense que significan decenas de miles de cuerpos sin identificar, no hacen más que “empeorar” a cinco años de la expedición de la Ley General en Materia de Desapariciones (LGD), consideró Virginia Garay Cázares, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), el pasado 9 de marzo ante la CIDH, en el marco del 186 periodo de sesiones para audiencias públicas, realizado en Los Ángeles.