En junio de 2019 una serie de datos fueron aportados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre los que hoy destaca la observación sobre las condiciones de infraestructura de los centros de detención migratoria, calificados de “entornos torturantes”.
Los datos, que terminarían integrándose a una resolución del Consejo General de las Naciones Unidas, se compendiaron antes del incendio por el que murieron 40 personas el pasado 27 de marzo, un siniestro en el que confluyen la omisión, la negligencia y los negocios al amparo del poder.