La sentencia notificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligaría a los ministerios públicos a justificar caso por caso la imposición de esta medida, considera el ministro en retiro.
La sentencia notificada este miércoles por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) abre la posibilidad a que los jueces mexicanos dejen de aplicar la prisión preventiva oficiosa de manera automática, lo que obligaría a los ministerios públicos a justificar caso por caso la imposición de esta medida.
Así lo explicó en entrevista el ministro en retiro, José Ramón Cossío, quien participó como perito en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz contra el Estado Mexicano por violaciones a sus derechos humanos en el proceso penal que enfrentan desde el año 2002 y por el que pasaron sujetos a arraigo y posteriormente a prisión preventiva oficiosa por más de 17 años.