La falta de investigación a los elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en el lugar donde fueron desaparecidos los defensores contra la minería Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Colima, así como las «graves dilaciones» de la fiscalía estatal y la falta de investigación a la minera Ternium «permiten confirmar la existencia de una desaparición forzada en la que el Estado es partícipe», denunciaron familiares de las víctimas y las organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
A tres meses de la desaparición forzada de los defensores, «la inoperancia gubernamental persiste y defender derechos humanos en Michoacán se convierte en sinónimo de riesgo, muerte y desaparición», añadieron.