En estricto sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no usurpó la responsabilidad y facultad del Poder Legislativo para legislar y crear leyes. Lo que hizo fue advertir que, para hacerlo, los legisladores deben seguir un procedimiento legislativo que, en el caso de una parte del Plan B, o contrarreforma electoral, no siguieron. Vaya que violentaron su propio debido proceso legislativo y por tanto se invalidaban las reformas.
Los nueve votos a favor de la invalidez de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ante la impugnación interpuesta por partidos políticos diversos, legisladores, organizaciones, fueron precisamente a la forma, no al fondo.