“Nosotros pensamos que habíamos comprado una vivienda segura, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que fuimos víctimas de un fraude”, denunciaron vecinos de Hacienda Balboa que compraron de buena fe a Urbi, la empresa que con dinero público y la ayuda de exalcaldes de Cuautitlán Izcalli, exfuncionarios estatales y notarios construyó el fraccionamiento que nunca municipalizó y ahora carecen de servicios básicos.
Con el pretexto de cumplir con el plan de desarrollo de vivienda, en el año 2004 comenzó un proceso de urbanización en el Estado de México en donde inmobiliarias y desarrolladoras, apoyadas con dinero público, iniciaron la construcción de “viviendas dignas y accesibles”, un concepto que atrajo a miles de mexiquenses que vieron en sus manos la posibilidad de hacerse de un patrimonio, sin imaginarse que “los materiales con los que construyeron sus casas serían de mala calidad, carecerían de agua y otros servicios”, denunciaron vecinos del fraccionamiento Hacienda Balboa.
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