El Gobierno de Miguel Ángel Mancera, a través de la Secretaría de Movilidad dirigida por su operador político, Héctor Serrano, heredó a la administración de Claudia Sheinbaum una “concesión pactada” con la empresa Lusad para instalar los taxímetros digitales “L1BRE”, por lo que ahora la Secretaría de Economía cumple este mayo tres años enfrentando un litigio millonario en Estados Unidos iniciado por dos hombres acusados de estafadores. Esta es la historia.
El exdiputado del Partido Verde (PVEM) Santiago León Aveleyra, acusado de ser un estafador, se reunió en el segundo semestre de 2015 con Héctor Serrano Cortés, el Secretario de Movilidad y operador político del entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Al mostrarle la aplicación Taxinet de Ecuador, le vendió la necesidad de instalar taxímetros digitales en la flota de 140 mil taxis de la Ciudad de México, aunque junto con su otro socio, Eduardo Zayas, no tenían el software funcional, financiamiento ni experiencia técnica previa, lo que derivó en que, tras una “concesión pactada”, la Secretaría de Economía lleve lidiando durante tres años un litigio internacional millonario.