Los grupos en situación de vulnerabilidad quedarán en mayor indefensión e incertidumbre tras la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas (NOM) por parte del gobierno federal, debido a que se relacionan de manera directa con el estándar de calidad que debe regir toda prevención, detección, diagnóstico y atención de enfermedades como el cáncer de mama, cervicouterino, la obesidad y la diabetes.
La eliminación de estas normas potencia el riesgo de violaciones al derecho humano a la salud, e incluso consecuencias en asuntos vinculados al acceso preventivo y riesgos sanitarios, pues se suprime la calidad mínima que debe guiar la atención en instituciones de salud. Con ello, se vulneran los principios de no discriminación, así como disponibilidad y accesibilidad, al limitarse la calidad y obligación de determinados servicios.