Los índices de violencia que ha alcanzado la Sierra Tarahumara han obligado a un sinnúmero de comunidades completas al desplazamiento forzado interno, en su mayoría de población indígena, y la impunidad ha permitido la diversificación de negocios para los grupos delictivos que operan y controlan los municipios serranos.
El homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, el 20 de junio de 2022, mostró sin simulación el control del territorio por proyectos empresariales, autoridades omisas y la impunidad en la que trabajan los grupos delictivos, que ahora no sólo se dedican al narcotráfico.