Un juez de control vinculó a proceso y fijó un año de prisión preventiva para Carlos “N” arrendatario de un domicilio donde se fincó un falso “call center”, en Zapopan, Jalisco, del que desaparecieron ocho jóvenes trabajadores que fueron asesinados.
El delito por el que se le señala es el de encubrimiento, por rentar su espacio a quienes realizaban actividades ilícitas ofreciendo tiempos compartidos y cobro de hipotecas vencidas a extranjeros, principalmente estadounidenses.