La orden es resultado de un recurso de queja que colectivos de derechos humanos presentaron en el tribunal, luego de que el poder Judicial negara el amparo que interpusieron para denunciar que el retiro del antimonumento era una violación a sus derechos a la asociación, la manifestación de ideas y de participación en la conducción de los asuntos públicos, así como a la reparación integral del daño, la verdad, la memoria y a la legalidad y certidumbre jurídica.
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