La defensa apuntó que la nueva postura del Gobierno de México violenta los acuerdos del Consejo de Administración de Pemex al aumentar la cantidad para resarcir el daño, y que carece de cualquier fundamento técnico y jurídico, pues “es ilegal”.
La defensa de Emilio Lozoya Austin aseguró que el exdirector general de Pemex se encuentra privado de su libertad por “una decisión de Estado“, pues argumentó que el incremento de 10.7 a 30 millones de dólares como pago del acuerdo reparatorio es “ajeno al orden constitucional y violatorio de sus derechos fundamentales”.