Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que la desaparición de los 43 normalistas fue “un crimen de Estado” que se fraguó desde lo más alto: el expresidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Las conclusiones del Segundo Informe de la Covaj refiere que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización, acciones y omisiones de participación y que se permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.