En el país persiste una intención de castigo y criminalización en estados con y sin despenalización del aborto; aunque una proporción de estas denuncias podrían no tener consecuencias reales gracias a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A pesar de que en los últimos cuatro años 11 estados han logrado avanzar en la despenalización del aborto –y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó eliminar el delito también del Código Penal Federal–, las denuncias presentadas ante ministerios públicos persisten e incluso han ido en aumento en algunos estados, con y sin despenalización.
Por ejemplo, en Ciudad de México, la primera entidad donde el aborto fue despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, en 2007, las carpetas de investigación abiertas por el delito, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pasaron de 110 en 2018 a 192 en 2022, mientras que hasta agosto de 2023 ya sumaban 131.