Baja California ha estado en la discursiva nacional. Y no precisamente porque, como suele suceder, ocupe los primeros sitios en las estadísticas de la violencia, la inseguridad y la actividad de los cárteles de la droga en el país, sino porque tres actores políticos decidieron entrarle a la polémica en un ambiente político-electoral que se relaciona (y se asemeja) a un comportamiento criminal.
Lo más controvertido es que en Baja California, mientras la oposición permanece en silencio, sin confrontar a los gobiernos emanados de Morena, y sin liderazgos que enfrenten a quienes hoy administran Estado y Ayuntamientos, son tres miembros de la alianza oficial, la que gobierna, quienes se enfrentan en dimes y diretes.