Los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conocidos como “Guacamaya Leaks” colocaron al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, bajo los reflectores: en ellos se afirma que el mandatario está vinculado al narcotráfico porque ha protegido redes criminales de los cárteles de Jalisco y Sinaloa. Este último cártel se ha posicionado en la entidad con protección policiaca. Por esa razón, en la entidad priva la violencia lo mismo que la zozobra social, pues la gente tiene miedo. Las balaceras se multiplican tanto de día como de noche en Veracruz (puerto), Coatzacoalcos e incluso en Xalapa, la capital del estado, donde están concentrados los poderes estatales. Mientras el Gobernador García Jiménez niega nexos con la delincuencia, las evidencias lo desmienten e incluso lo exhiben como un Gobernador ineficaz para enfrentar a la criminalidad. Por esa razón el territorio veracruzano se ha convertido en uno de los más atractivos para los cárteles de la droga. El viernes 10, tras darse a conocer los resultados de la encuesta de Morena, Manuel Huerta –Exdelegado federal del Gobierno federal — uno de los contendientes y ganador de la encuesta, dijo a boca llena vía telefónica: “Veracruz ya cambió”, pero el escenario del estado expone otra realidad.
En Veracruz el crimen organizado no sólo domina territorios, mata, desaparece, trafica con migrantes y cobra piso. En muchos municipios ya es Gobierno y, desde las más altas esferas del poder, tiene aliados y redes que brindan protección. No es exagerado decir que en esa entidad, como ocurre en Jalisco y Tamaulipas, el Gobierno estatal opera como una empresa criminal. Los hechos así lo acreditan.
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