La flota de drones para vigilancias que adquirió la Guardia Nacional está bajo sospecha de corrupción. Un grupo de diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia, solicitó la semana pasada que la Secretaría de la Función Pública (SFP) revise los contratos otorgados al contratista.
Los contratos, vía adjudicación directa, fueron otorgados a la empresa Cloud Enterprise Services S de RL de CV, propiedad de Enrique Ruiz Hernández, un proveedor de tecnología a quien se habría beneficiado de forma irregular.