En algunas de las comunidades apartadas de México, la única bebida potable es un refresco. “Entonces se necesita ofrecer una alternativa, pero una barata”. Las palabras salían de la boca de Ignacio Ovalle, entonces director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Era junio de 2020 y el funcionario, una especie de padrino político del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentaba su último gran proyecto: iban a instalar 274 plantas purificadoras de agua en los almacenes que tiene la enorme red de abasto de alimentos para personas con menos recursos. Detrás, como en numerosas iniciativas que se gestaron con Ovalle al frente de este organismo, se escondía una trama corrupta.