Durante cinco años, la gestión de Rosario Piedra en la CNDH ha estado marcada por una serie de medidas como la criminalización de feministas, el ocultamiento de informes sobre violaciones a migrantes, nombramientos polémicos y la concentración de esfuerzos en investigar el pasado en lugar del presente.
Más esfuerzos dirigidos a investigar eventos ocurridos en gobiernos pasados que en el actual. Opacidad, censura y ocultamiento de violaciones graves a derechos humanos. Contratación de personal sin el perfil ni experiencia. Ataques y descalificaciones tanto a feministas como a periodistas y medios de comunicación críticos con la gestión de la Comisión, e incluso contra instancias internacionales de derechos humanos, como la CIDH, la ONU, o el GIEI del caso Ayotzinapa.