La postura más fácil es señalar y acusar al juzgador cuando las resoluciones son contrarias a las pretensiones del Ministerio Público. Muy poco se cuestiona la preparación y capacidad de litigio de las oficinas jurídicas del gobierno y de los fiscales.
El más reciente desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre una resolución de un tribunal colegiado en torno a la prisión preventiva oficiosa, dictada a algunos militares por el caso Ayotzinapa, revela un problema de fondo. Veamos.