Una solicitud de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en el caso de una persona víctima de ese delito en junio de 2016, se ha convertido en un llamado mucho más amplio y de obligatoriedad del Estado mexicano para reactivar las funciones del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).
La petición original, promovida por el colectivo Voz con Dignidad y Justicia en México, argumentaba la omisión de las fiscalías estatal y general para emprender medidas efectivas, oportunas y congruentes con las normas internacionales para la búsqueda y localización de la víctima –cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad–, el esclarecimiento de su desaparición y la sanción de los responsables.