La violación de derechos humanos, la criminalización de defensores comunitarios y la falta de transparencia y rendición de cuentas son algunas de las consecuencias que tiene el poder otorgado a las fuerzas armadas para controlar y administrar los megaproyectos del gobierno federal, particularmente el Tren Maya y el Corredor Transístmico, asegura el informe “Miliares S.A. de C.V.” publicado hoy por PODER.
El informe resume que el Tren Maya y el Corredor Transístmico “forman parte de un megaproyecto regional que busca culminar la intención que han tenido distintos gobiernos en el pasado por explotar los bienes naturales, la biodiversidad, así como las condiciones geográficas y climáticas del sur sureste de México”, cuyos fines “continúan colocando al centro la reproducción del capital” y la ganancia de las grandes empresas a partir de la explotación de la naturaleza “por encima de los derechos de las comunidades y del medio ambiente”.