El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la reforma a la Ley General de Víctimas, con la que se eliminó el presupuesto mínimo para la atención de víctimas desde 2020.
Las organizaciones recordaron que el mínimo presupuestal fue una garantía lograda por las familias de personas desaparecidas o víctimas de ejecución, sobrevivientes de tortura y tortura sexual, así como de las víctimas de otras graves violaciones a derechos humanos, por lo que la decisión de la SCJN reafirma «que los derechos conquistados por las víctimas no pueden dar marcha atrás».