El asesinato de aspirantes a cargos de elección popular es sólo una cara (la más visible) de la violencia política-criminal, pero no es la única; el asedio del crimen organizado repercute en la integridad del proceso electoral, en la sustitución de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, en la participación ciudadana y en la competencia política.
El estudio “Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México” concluye que la violencia político-criminal en México no sólo afecta a partidos y aspirantes -los directamente involucrados en el proceso electoral- sino que tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando su derecho fundamental a la democracia.