Las reformas a la Ley de Amparo “son un evidente retroceso para hacer realidad la justicia climática, el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales”, así como aumentan “el riesgo y la exposición que las personas defensoras experimentan ya en territorios”, denunciaron organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
En un comunicado, en el que las organizaciones y colectivos condenaron la reciente aprobación de las reformas, explicaron que una de sus consecuencias es la eliminación de los efectos generales de la suspensión contra normas generales cuya constitucionalidad se impugne durante el juicio de amparo, lo que implica que la suspensión sólo será efectiva para la persona u organización que acudió al juicio, “dejando al resto de la comunidad y defensores desprotegidos”.